El Comité Central del Partido Socialista expresa:

El Comité Central del Partido Socialista expresa:

Después de más de una década de un contexto económico favorable para los países sudamericanos nos encontramos, desde hace al menos 4 años, con un contexto totalmente diferente. A partir de los primeros años del presente siglo, una combinación de buenos precios de commodities, y bajas tasas de interés internacional, permitieron un fuerte crecimiento económico de los países dependientes sudamericanos. El contexto de una amplia mayoría de gobiernos de signo transformador en la región (aunque con enormes diferencias entre ellos, sin duda) permitió que ese enorme excedente económico se volcara a atender las necesidades de las grandes mayorías y marcó lo que todos los organismos internacionales reconocen como una década histórica en términos de disminución de la pobreza, mejoras distributivas y reconocimiento de derecho de los históricamente postergados.

Pero desde 2014 ese contexto económico global cambió radicalmente, lo que ha generado una situación de crisis generalizada en la región, a lo que se suma la vuelta al poder de las derechas que están haciendo caer todo el peso de los ajustes sobre los sectores más vulnerables, con reformas laborales retrógradas, recortes de gastos sociales inmensos e incluso con políticas de recorte de derechos democráticos y militarización de la sociedad. La situación de nuestros vecinos es más que elocuente.

En ese contexto, nuestro país continúa navegando con estabilidad económica y social, sumando año tras año de incrementos salariales, de bajas en la pobreza, de incrementos en el gasto social. Desde 2005 hasta 2014 se crearon 300.000 empleos. Pero claro, no somos inmunes al contexto, y nuestra histórica dependencia sigue jugando, lo que genera algunos resultados preocupantes. Se han perdido 50.000 de aquellos 300.000 empleos creados, lo cual nos preocupa y nos ocupa, pero no debemos dejar de hacer notar que aún estamos en 250 mil empleos por encima de como tomamos al país en 2005, y 200 mil más que en el máximo de la década de los 90.

Esa es la situación en la que llegamos a la discusión de esta rendición de cuentas. Debemos poder equilibrar objetivos en tensión, como mantener y mejorar la situación fiscal, pero seguir aportando recursos para la mejora en las prioridades que ha fijado nuestra fuerza política; la educación, la salud, el Sistema de Cuidados. En ese sentido, entendemos que es esencial hacer un esfuerzo para poder cumplir plenamente el compromiso salarial contraído por nuestro gobierno con los sindicatos de la educación. Además coincidimos con la necesidad de fortalecer presupuestalmente a ASSE, especialmente en lo que hace a sus recursos humanos; y asegurar el avance del Sistema de Cuidados, aproximándonos en estas tres áreas al cumplimiento de los compromisos asumidos en términos programáticos. Nuestro partido ya ha hecho propuestas en años anteriores, de herramientas tributarias para obtener recursos que permitan que esos esfuerzos presupuestales no repercutan en un mayor nivel de déficit fiscal.

Quienes hoy en día, en una muestra de demagogia enorme, se rasgan las vestiduras con la situación fiscal del país y llaman a recortes indiscriminados y también quienes, desde el otro lado, acusan al Frente Amplio de no haber hecho transformaciones importantes, son los mismos que se negaron a votar el impuesto a las altas jubilaciones militares de privilegio y quienes enlentecen continuamente la discusión sobre la reforma de la Caja Militar. Allí hay un enorme gasto público, mucho más importante que todas las políticas sociales que aplica el gobierno, además de constituir una injusticia gigantesca. Esas medidas podrían aportar buena parte de los recursos que necesitamos para seguir fortaleciendo a las áreas prioritarias y a la vez mejorar la situación fiscal del país.

En relación a los temas de convivencia y seguridad entendemos que nos encontramos en una situación de gran complejidad. La violencia creciente de las relaciones sociales, las tendencias recientes en algunos delitos violentos y la demanda permanente de la ciudadanía requieren la elaboración de nuevas propuestas . Ese fenómeno responde a una multiplicidad de factores materiales y culturales, entre ellos profundas causas de históricas desigualdades que desde ya hace décadas nos explotan en la cara. Las y los socialistas entendemos que las políticas públicas deben a la vez combatir con mayor eficacia tanto a las expresiones de la violencia y la delincuencia como a sus causas. En este sentido, el exclusivo “policiamiento” de la política de seguridad no arroja como resultado una reducción de la violencia ni un abatimiento del delito y a la vez pone en riesgo los derechos humanos.

Entendemos el nuevo Código del Proceso Penal, aprobado por unanimidad en el Parlamento (en cumplimiento del compromiso asumido con la CIDH), va en el sentido correcto de proteger los derechos humanos agilizando los procesos penales. Los problemas que surgen a poco tiempo de su implementación no justifican su apresurada reforma echando por tierra los avances que en materia de garantías el nuevo CPP conlleva. Rechazamos tajantemente las propuestas demagógicas que juegan con el miedo de la gente como por ejemplo la propuesta de utilizar a los militares para tareas de seguridad interna. Una sociedad con miedo justifica cualquier violencia. Basta mirar a Brasil para entender lo equivocado de esas propuestas, que lejos de disminuir la delincuencia y la violencia, la aumentan, sumiendo en el caos y la desesperación a poblaciones enteras cercadas entre las balas de los delincuentes y las de los militares.

Casa del Pueblo, Montevideo 9 de junio de 2018.