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Diputado Malan por el Dpto Soriano expone lo siguiente leemos… Noticias 

Diputado Malan por el Dpto Soriano expone lo siguiente leemos…

Justicia o agravio: preocupación.

Con respecto a la situación planteada donde un juez modifica la decisión de un docente creo necesario hacer algunas consideraciones ante esta decisión que agravia:
1. A la profesión docente en general y a los maestros y maestras en particular.
2. A los alumnos y alumnas en sus derechos a que sus trayectorias educativas sean protegidas educativa y pedagógicamente.
3. A la autonomía de la educación y peligrosamente a la república en su división de poderes.

Agravia a los docentes porque ignora los procesos didácticos y pedagógicos llevados adelante. Invisibiliza los apoyos técnicos brindados y los diagnósticos establecidos por un cuerpo docente, que en Uruguay es titulado y formado. Desconoce todas las instancias de evaluación individual, grupal y de supervisión de parte de la dirección y personal inspectivo de la zona, también docentes.

Agravia a los alumnos y a las alumnas. ¿Por qué? Porque hecha por tierra todos los esfuerzos realizados durante la trayectoria educativa para el bien del alumno/a. En base a esas trayectorias, evaluaciones, informes, diálogos se llega a una decisión buscando lo mejor para el alumno/a. En este caso: re-cursar.
No reconocer esto es vulnerar el derecho que tiene el alumno. He escuchado que se dice que ante una mala praxis un profesional puede ser pasible de una denuncia judicial… por qué un docente no? Claro que un docente puede ser pasible, pero acá no hay mala praxis, la repetición es un acto normal y natural en la educación… no es un delito repetir o “dejar repetidor”, al contrario puede ser lo mejor para un alumno.

Agravia la institucionalidad. En una república hay división de poderes y esa división en algunos casos es clara y en otros supone mantener equilibrios lo más específicos posibles.
​En el caso, recordemos que la ley de Educación General de Educación N° 18437, artículo 63, establece cometidos a los Consejos de la ANEP entre otros aprobar planes de estudio, supervisaros, reglamentar la organización y funcionamiento, conferir certificados de estudio, etc…
Los órganos del Estado y especialmente los Poderes del Estado tienen distribuidas sus competencias y su actuación es válida en la medida que cumplan su actividad dentro de esos límites. El Poder Judicial tiene la facultad de controlar la actividad del Estado en cuanto afecta derechos, pero no puede sustituir la competencia que está atribuida a otros órganos como en este caso, y especialmente cuando hay recursos previstos para recurrir las decisiones de los órganos. Lo resuelto se podría considerar como un acto administrativo, igual que es la designación, cese o ascenso de un funcionario y para eso la propia Constitución prevé el régimen de recurrencia que termina con la intervención del Tribunal de lo Contencioso Administrativo; es decir, que hay medios jurisdiccionales para requerir la protección de los derechos que, en ese ámbito no le corresponde al Poder Judicial sino al TCA.

En base a estas consideraciones estaremos enviando una comunicación a la Comisión de Educación y Cultura del Parlamento para que analice y tome los recaudos que se consideren oportunos.

Maestro Enzo Malán Castro
Representante Nacional por Soriano
Integrante de la Comisión de Educación y Cultura de la Cámara de Representantes.

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